Luego que el Departamento de Estado de Estados Unidos difundió una nueva lista de 15 ciudadanos bolivianos con visas restringidas, entre ellos diputados, autoridades judiciales, fiscales, policías y exfuncionarios, por presuntos vínculos con el narcotráfico y la corrupción, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, garantizó la noche de este jueves que el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira no brindará impunidad a los denunciados, pero actuará con soberanía en la investigación y eventual sanción.
“El Gobierno de Rodrigo Paz Pereira no va a dar ninguna protección ni blindaje para absolutamente nadie, la administración pública y la justicia no pueden ser refugio del narcotráfico, de la corrupción o el crimen organizado”, afirmó el vocero presidencial.
Gálvez añadió que desde hace meses atrás tiene líneas de investigación propias sobre varios de los denunciados, y existen coincidencias con la lista difundida por el Departamento de Estado de norteamericano, pero es en Bolivia donde se decide soberanamente sobre las investigaciones y la aplicación de normas de la propia justicia nacional.
“En síntesis, no actuamos por imposición externa, actuamos por responsabilidad propia. Pero celebramos coincidir en varios casos, en las decisiones tomadas por el gobierno americano”, enfatizó la autoridad y aseguró que, de todas las personas de la lista que hubieran desempeñado cargos en alguna institución del Estado o ejercían como funcionarios, ya fueron cesados.
En esa línea, Gálvez también aseguró que cualquier autoridad o exautoridad mencionada en la lista, e investigada por la justicia boliviana, deberá responder a las instancias correspondientes si existen elementos que ameriten procesos judiciales.
El portavoz dijo que el Gobierno se rige en este tema bajo cuatro principios: “no habrá blindaje para nadie, el cargo no protege, la influencia no protege y el uniforme no protege”, por tanto, no habrá encubrimiento, protección, ni impunidad.
En referencia a la vinculación laboral que tuvieran o tuvieron los denunciados con alguna institución pública, ya que existen personas vinculadas a órganos del Estado, Gálvez fue terminante al decir que “el narcotráfico es nuestra posición explícita, no puede tener oficinas dentro del Estado”.
Es por ello que el vocero señaló que el Gobierno trabaja en desarticular las estructuras corruptas vinculadas al narcotráfico, y que se instalaron en las instituciones durante largos años, recalcando qué es una tarea de depuración que no cesará.
Asimismo, Gálvez sostuvo que más grave que la decisión de EE.UU. de suspender visas a determinadas personas, es que las instituciones que deben defender a la sociedad boliviana estén ocupadas por organizaciones criminales. En consecuencia, el Gobierno asegura que continuará luchando contra el crimen, con el apoyo de sus aliados y “dentro” del país, debido a que la responsabilidad es de la actual gestión y así se la asume.
“Estamos investigando, vamos a sancionar siguiendo los procedimientos y manteniendo la correcta aplicación del Estado de Derecho, y además vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para evitar que redes criminales vuelvan a sentirse protegidas por el poder”, remarcó.
El vocero dejó en claro que, así como se esperará información de EE.UU. que complemente las denuncias, el Estado boliviano realiza las investigaciones respectivas y, una vez teniendo todo el contexto completo, se actuará de acuerdo a lo que las leyes determinan.
“Y si hay indicios, se investiga. Si hay pruebas, se acusa. Y si la justicia, como todos estamos esperando, actúe conforme a ley, se sanciona”, concluyó.
Fuente: Urgente bo