A pocos días de cumplirse un año del intento de golpe de Estado dirigido por el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, existen avances en el camino judicial para sancionar uno de los episodios más graves contra la democracia en la historia reciente del país.
El 26 de junio de 2024, Bolivia vivió una asonada militar que puso a prueba la firmeza del sistema democrático y la conducción del Gobierno nacional. El exgeneral Zúñiga, tras ser relevado de su mando, “adelantó” un plan insurreccional, pero fue detenido gracias a la reacción inmediata del pueblo boliviano y la determinación del presidente Luis Arce.
Aquella tarde quedará en la memoria de los bolivianos por la intentona golpista de civiles y militares, hecho inédito que fue resistido por la valentía del pueblo que se autoconvocó a las calles con unidad y determinación que, junto con la firmeza del Gobierno, fueron clave para preservar la democracia y el orden constitucional en el país.
En su calidad de Capitán General de las Fuerzas Armadas, Arce ordenó el repliegue de las tropas movilizadas. Zúñiga, en abierta desobediencia, se rebeló contra esa orden; sin embargo, no logró el respaldo de las tres fuerzas militares, lo que llevó al fracaso de su intento golpista.
Desde entonces, el proceso judicial ha avanzado, aunque de forma gradual. La Fiscalía Departamental de La Paz presentó, el 12 de mayo, la acusación formal contra Zúñiga y otras 21 personas -entre militares en retiro, en servicio pasivo y civiles- por los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
“El Ministerio Público está solicitando la pena máxima para estos señores, que vendrían a ser 22 ciudadanos (…). Debemos tomar en cuenta que la pena máxima por el delito de terrorismo es de 20 años de presidio”, afirmó en esa oportunidad el fiscal departamental de La Paz, Carlos Tórrez.
Los hechos que motivaron la acusación ocurrieron cuando un grupo de militares ingresó con tanques a la plaza Murillo en un intento de tomar el Palacio de Gobierno. Se trató de una acción coordinada por altos exjefes militares que puso en riesgo la institucionalidad democrática del país.
Los principales acusados en calidad de autores son: Juan José Zúñiga M., Juan Arnez S., Marcelo Javier Zegarra G., Edison Alejandro Irahola C., Raúl Barbery M., Franz Luis Ordoñez M., Marcelo Franklin Gutiérrez F., Julio Omar Buitrago S., Luis Domingo Balanza G., Roberto Octavio Argandoña R., Alan Condori Q., Juan Carlos Delgadillo G., Miguel Ángel Burgos D., Vladimir Lupa S., Vladimir Rodrigo Céspedes M., Jaime Cruz V. y Gonzalo Fernando Landa F.
En calidad de cómplices figuran: Luis Fernando Hamdan C., Tomás Héctor P., José Antonio Ágreda M., Juan Carlos Calderón y Roberto Vargas B.
La Fiscalía sostiene que todos ellos participaron activamente en acciones orientadas a vulnerar el orden constitucional mediante el uso de la fuerza armada.
Se espera que en las próximas semanas se fije la fecha de inicio del juicio oral, donde se presentarán las declaraciones de al menos 143 testigos, respaldadas por una “carga documental robusta” que sustenta la acusación.
Mientras el país espera el inicio de este juicio, persiste el recuerdo de una de las más graves amenazas contra la democracia boliviana.
La firme resistencia del Gobierno de Arce ante esa crisis no solo reafirmó su compromiso con la legalidad y el orden constitucional, sino que evidenció su capacidad para defender la institucionalidad en uno de los momentos más críticos del país.
Este episodio, sumado a otros intentos de desestabilización política, convierte al actual Gobierno en uno de los más asediados desde la recuperación de la democracia en 1982.
Por tanto, el fallo que emita el Tribunal de Sentencia sentará un precedente fundamental sobre la respuesta del Estado frente a cualquier intento de quebrantar el orden constitucional.
Fuente: ABI